La digitalización fiscal en España introduce nuevas obligaciones para autónomos y pymes que no pueden ignorarse. A partir de 2026, quienes no adapten sus sistemas de facturación a la normativa Verifactu, incluida en la Ley Antifraude, se enfrentarán a sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio, una cifra mucho mayor que las posibles multas por no cumplir con la futura Factura Electrónica.
Es importante no confundir Verifactu con la Factura Electrónica de la Ley Crea y Crece. Mientras la Factura Electrónica regula únicamente el formato del documento, Verifactu se centra en el software de facturación, garantizando la integridad de los datos, la trazabilidad y la comunicación directa con Hacienda. Además, exige que cada factura incluya un Código QR que permita verificar su autenticidad y facilitar el seguimiento fiscal.
Las fechas límite para cumplir con Verifactu están claramente establecidas. Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deben adaptarse antes del 1 de enero de 2026, mientras que el resto de pymes y autónomos tienen de plazo hasta el 1 de julio de 2026. Ante la falta de un reglamento definitivo para la Factura Electrónica, numerosos expertos recomiendan priorizar la adaptación a Verifactu para evitar problemas legales y sanciones graves.
El Programa Kit Digital puede ser un aliado importante en este proceso, ya que las soluciones de facturación incluidas deben cumplir con Verifactu desde el 1 de julio de 2025. Esto permite a las empresas aprovechar las ayudas disponibles y optimizar recursos, evitando adaptaciones duplicadas y adelantándose a los plazos legales. En definitiva, cualquier pyme o autónomo debe considerar la adaptación a Verifactu como una prioridad absoluta para asegurar que su facturación esté alineada con la nueva normativa fiscal y evitar multas significativas.